Tailandia se ha convertido en el mes de junio en el tercer país de Asia y el primero del sudeste asiático en legalizar el matrimonio igualitario, es decir, el que se celebra entre dos personas sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género.
Si las cosas transcurren con normalidad, una vez queden superados una serie de trámites formales, la medida podría entrar en vigor a final de año, con lo que este tipo de uniones disfrutarán de los mismos derechos que las heterosexuales, como, por ejemplo, los derechos de herencia, las desgravaciones fiscales y la adopción de niños.
Una decisión histórica que tiene su trascendencia porque afecta a una de las zonas del mundo en la que más se discrimina a la comunidad homosexual. De hecho, los partidarios del proyecto de ley la han definido como un paso “monumental” para los derechos LGBTI+. “El impacto potencial de este proyecto es inmenso. No solo cambiará la vida de innumerables parejas, sino que también contribuirá a una sociedad más justa y equitativa para todos”, aseguraba a CNN Panyaphon Phiphatkhunarnon, fundador de ‘Love Foundation’, una ONG que hace campaña en el país asiático.
Aquí en nuestro país, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, en conversación con BdeBoda, expresaba su alegría por la noticia: “Nos hace especial ilusión porque es una zona en la que muy pocos países reconocen esos derechos”.
Un caso atípico
Tailandia no deja de ser un caso atípico en una región, la del sureste asiático, que se niega a conceder derechos a las personas LGTBI+ y sobre las que se ejerce un alto grado de discriminación, opacidad y violencia. El panorama no es mucho mejor en el resto del continente asiático, en el que, hasta ahora, únicamente Taiwán y Nepal han apostado por los plenos derechos de una comunidad que, en muchos casos, no es que avance en esos mismos derechos, sino que incluso retrocede, como ocurre en Indonesia, Malasia y Brunéi.
Pese a la presión e influencia del colonialismo europeo, “son países -destaca Óscar Rodríguez- que llevan mucho tiempo siendo independientes y tienen que respetar los derechos humanos. En estos países ser LGTBI sigue estando penado con la pena de muerte, con penas de cárcel de larguísima duración o con castigos denigrantes, como latigazos y lapidaciones”.
En Indonesia, por ejemplo, la discriminación es generalizada y las hostilidades son constantes, tanto por parte de las autoridades como por la gran mayoría de los grupos islámicos, que se oponen radicalmente a cualquier atisbo de apertura. Es más, el nuevo código penal del país tipifica como delito las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que afecta directamente a la comunidad, ya que las parejas del mismo sexo no pueden contraerlo.
En Malasia, otro país de mayoría musulmana, la discriminación, la intolerancia y la violencia van en aumento. Circunstancia que se ve protegida porque la homosexualidad en el país asiático es un delito castigado con multas y penas de prisión de hasta 20 años.
Y un caso paradigmático es, sin duda, Japón, que es el único país del G7 -las principales economías del mundo- que no ha reconocido las uniones civiles ni el matrimonio entre personas del mismo sexo. O China, que en los últimos años ha intensificado la presión y el control social y sobre este colectivo en particular.
Y estos son solo cuatro ejemplos. Las particulares circunstancias políticas, unas férreas tradiciones, el fuerte conservadurismo religioso y las todavía, en muchos casos, leyes de la época colonial son, entre otras razones, condicionantes que impiden el desarrollo de derechos de la comunidad LGTBI+. Y el futuro, al menos a medio plazo, no proyecta un marco muy diferente.
Como ocurre también en África, un continente en el que un único país, Sudáfrica, goza de derechos en este contexto.
Europa como salvavidas
En el extremo opuesto se encuentra Europa, en el que se sitúan dos tercios de los países más aperturistas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta la fecha, son 21 los países que conforman la vanguardia en el continente, concentrados en su mayoría en su parte occidental.
Grecia ha sido el último país en unirse a la lista. El 15 de febrero de este año, el Parlamento reformaba la ley con la que se permitirá a personas del mismo sexo contraer nupcias, permitiéndoles también el derecho a adoptar.
Recordemos que fue Países Bajos el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. La fecha, el 1 de abril de 2001. Dos años después, lo hacía Bélgica. Y cuatro años más tarde, el 3 de julio de 2005, España se situaban a la cabeza de los derechos de la comunidad homosexual, con la aprobación de la ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. El tercer país del mundo en legalizarlo.
Curiosamente, en Europa todavía quedan gobiernos contrarios o reticentes a aprobar leyes en este sentido. El caso más llamativo quizá sea el de Italia, marco de referencia continental y cabeza visible del proyecto europeo, pero condicionada aún por un muro de contención en materia de avances sociales. Italia es el primero de un conjunto de países europeos que siguen sin reconocer, de una manera u otra, este tipo de matrimonios. Junto al país transalpino están Bulgaria, Rumanía, Croacia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Letonia, Lituania o Chipre.
A la vanguardia internacional
Pero en lo que concierne a nuestro país, eso no es todo. España ocupa en la actualidad la cuarta posición en el ranking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+, según los últimos datos proporcionados por la entidad de derechos humanos ILGA Europa, la principal organización europea, que elabora anualmente el Índice Arco Iris, que analiza la situación legal y política de esta comunidad en 49 países. Precisamente, con la aprobación del matrimonio igualitario, nuestro país ocupó el segundo puesto.
La aprobación, el 16 de febrero de 2023, de la Ley Trans y LGTBI+ -cuyo antecedente fue la Ley Trans de 2007- que reconocía la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha propiciado que España haya subido siete puestos con respecto a su posición anterior en este mismo índice internacional.
No obstante, queda aún mucho por hacer, en especial en el marco de las comunidades autónomas. La elevada descentralización del país impide en ocasiones conformar un marco igualitario y único. “Efectivamente, queda el reto de que esta legislación tan avanzada se traslade a las comunidades autónomas que cuentan con una ley LGTBI, pero en las que esa ley ha quedado obsoleta o sencillamente no se aplica, como es el caso de Galicia”, subraya Óscar Rodríguez.
Por otro lado, en aquellas comunidades autónomas que no cuentan con una legislación específica, como ocurre en Asturias o Castilla y León, el vocal de la Federación destaca la celebración generalizada que en esas fechas del pasado año provocó el reconocimiento de la ley estatal, “porque las personas que allí viven quedarán protegidas”.
“Donde en realidad hay que trabajar e implementar estas políticas es en el ámbito autonómico, para que no exista discriminación en los dos capítulos principales sobre los que descansan las competencias autonómicas, como son la sanidad y la educación, es decir, para que no exista discriminación en el ámbito de la sanidad y para que se impartan en el terreno educativo contenidos sobre diversidad”, manifiesta.
